Un mazo de juez sobre una mesa de madera rodeado de varios documentos legales

Más de 30 familias afectadas por OPS Capital reclaman justicia y acción judicial

Más de 30 familias denuncian pérdidas millonarias y exigen medidas urgentes ante la inacción judicial

Hemos recibido la llamada de la Asociación de Afectados por OPS Capital S.A., que nos ha querido contar de primera mano la desesperante situación que atraviesan tras más de 22 meses de espera sin avances en la investigación judicial sobre la presunta estafa que les ha dejado en la ruina.

Según nos explican, más de 30 familias han perdido más de 2 millones de euros tras confiar en OPS Capital, el grupo empresarial, presuntamente, ha cometido delitos graves como estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, administración desleal y falsificación documental.

La asociación presentó una querella criminal en junio de 2023 ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, pero lamentan que desde entonces el proceso está paralizado. Nos cuentan que el juzgado no ha tomado ninguna medida cautelar para impedir que los responsables sigan moviendo el dinero o que las sociedades implicadas continúen operando con total libertad, dejando a las víctimas completamente desprotegidas.

"Es como si el sistema judicial no quisiera protegernos", nos confiesan, recordando que este caso no solo afecta a unas pocas personas, sino que este conglomerado empresarial sigue dejando víctimas por toda España.

Nos insisten en que OPS Capital y sus sociedades no están supervisadas por ninguna autoridad financiera, lo que dificulta aún más la recuperación de su dinero y aumenta su vulnerabilidad.

Desde la Asociación hacen un llamamiento urgente a los juzgados de Tarragona para que actúen con responsabilidad y a los medios de comunicación para que ayuden a visibilizar su caso y presionar para que se haga justicia.

Nos dejan claro que no solo reclaman una resolución judicial, sino también que se protejan los derechos de quienes han visto cómo sus vidas han cambiado drásticamente por esta estafa. Esta inacción judicial no solo implica la desprotección de los afectados, sino también la impunidad de sus responsables y la posibilidad de sumar nuevas víctimas mediante la continuidad de las acciones delictivas.