La Seguridad Social ha publicado una información que refleja el panorama actual de las pensiones España. El Estado proporciona a la población una serie de prestaciones contributivas, y el peso mayor recae en las personas jubiladas. Más de 6 millones de ciudadanos percibieron una pensión de jubilación en el pasado mes de febrero, con una cantidad media de 1.437,1 euros brutos al mes.
Sin embargo, el acceso a esta prestación requiere del cumplimiento de unos requisitos. La Seguridad Social debe dar el visto bueno a las solicitudes correspondientes.
Los datos revelan que el tiempo de resolución de expedientes en enero fue de 15,85 días para las pensiones de jubilación, y de 14,79 días en las pensiones de viudedad. Los plazos se establecen de acuerdo con los límites marcados por los Reales Decretos RD 286/2003, del 7 de marzo, y el RD 1192/2012, de 3 de agosto.
¿Cuál es el plazo máximo para que se apruebe la pensión?
La normativa vigente fija que la tramitación y los procedimientos pertinentes de las pensiones deben resolverse en un máximo de 90 días. Se tiene que respetar ese plazo para notificar la aprobación de la solicitud a la persona interesada.
Asimismo, los datos indican que hay 6,3 millones beneficiarios de la pensión de jubilación y 2,3 millones de la de viudedad. El resto de prestaciones se distribuyen entre pensiones de incapacidad permanente (943.561), orfandad (340.382) y en favor de familiares (45.474). Se ha producido un incremento anual del 1,2% en el número de pensiones, y la tendencia es ascendente.
La Seguridad Social también ha informado que la pensión media del sistema creció hasta los 1.250,7 euros en el mes en febrero. Esto supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo del año 2023. Por su parte, la pensión media de viudedad se sitúa en 893,1 euros al mes.
Estos números manifiestan el envejecimiento paulatino de la sociedad y la consolidación de la pirámide invertida de la población, ya que cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Además, el número de ciudadanos también crece, y provoca que el Estado deba aumentar la partida de gasto público. Es fundamental garantizar el sistema de pensiones para el futuro y asentar las bases para que las personas que así lo requieran puedan disponer de los servicios que les sean necesarios.