La Casa Real británica ha publicado el informe económico correspondiente al año fiscal 2024-2025. En el documento se detallan todos los gastos derivados del funcionamiento de la institución, que superan los 100 millones de euros. Esta cifra, que proviene en su mayoría de fondos públicos, vuelve a abrir el debate sobre el coste de la monarquía.
El informe se da a conocer en un momento delicado, marcado por los problemas de salud del rey Carlos III y la princesa, Kate Middleton. A pesar del contexto, la actividad de la familia real no se ha detenido. La agenda oficial se ha cumplido con normalidad, y los compromisos nacionales e internacionales se han mantenido.
A lo largo del año, se ha evidenciado que el funcionamiento de la institución requiere una inversión constante. El mantenimiento de los palacios, los desplazamientos y el personal implicado representan una carga económica importante. Las cifras reveladas confirman el alto precio de mantener la monarquía operativa.
Los desplazamientos oficiales disparan los gastos en Buckingham Palace
Uno de los apartados que más atención ha generado es el de los desplazamientos oficiales. La familia real británica gastó más de 5,4 millones de euros en viajes durante el año fiscal. Esto supone un incremento de medio millón con respecto al ejercicio anterior.
En total, se realizaron 196 viajes entre helicópteros y aviones privados, con un coste conjunto de más de 1,2 millones de euros. Además, los viajes en tren ascendieron a 104.466 euros y los vuelos comerciales a 146.834 euros. Estos datos reflejan el fuerte impacto económico de la logística real.
Los viajes internacionales continúan siendo una parte fundamental del protocolo real. Representan una vía diplomática importante para el Reino Unido y su vínculo con la Commonwealth. Sin embargo, el coste de estas misiones sigue siendo un tema polémico.
Carlos III y la reina Camilla siguen viajando pese a la enfermedad del rey
Una parte significativa de los gastos en desplazamientos se destinó a la gira de Carlos III y Camilla por Australia y Samoa. Durante once días, los monarcas visitaron varios países de la Commonwealth, en su primer gran viaje internacional como reyes. El coste total fue de 466.742 euros, lo que generó críticas en la prensa británica.
El viaje se produjo en un momento especialmente sensible, ya que el rey se encontraba bajo tratamiento oncológico. Aun así, decidió interrumpir temporalmente su terapia para cumplir con la agenda internacional. Para algunos, fue una muestra de responsabilidad; para otros, un gesto innecesario y costoso.
Las críticas no se hicieron esperar, en especial por el gasto público que implicó esta decisión. El hecho de que se mantuviera la gira en medio de un contexto de austeridad económica fue interpretado como un error de cálculo político. La desconexión entre la familia real y las preocupaciones del ciudadano medio volvió al centro del debate.
La financiación de la monarquía y sus implicaciones
La monarquía británica se financia a través de la Subvención Soberana, un mecanismo por el cual el rey entrega los beneficios del Patrimonio de la Corona al Estado. A cambio, recibe un porcentaje de esos ingresos —actualmente el 12 %— para sufragar los gastos oficiales. Este sistema busca mantener la estabilidad financiera de la institución sin recurrir exclusivamente al presupuesto del Gobierno.
Durante el ejercicio 2024-2025, el coste total para los contribuyentes fue de 86,3 millones de libras, es decir, algo más de 100 millones de euros. Aunque la cifra se ha mantenido estable en los últimos años, el contexto social y económico británico vuelve a ponerla en tela de juicio. Muchos ciudadanos se preguntan si este modelo sigue siendo sostenible.
A pesar del mantenimiento de las cifras, la Casa Real ha planteado algunas medidas para reducir costes. Entre ellas, la retirada del Tren Real, una decisión simbólica que representa el deseo del rey Carlos III de modernizar la institución. El histórico tren dejará de utilizarse después de completar algunos viajes conmemorativos.
El Ducado de Cornualles, bajo el escrutinio público
Otro de los puntos que ha generado controversia es la gestión del Ducado de Cornualles, actualmente en manos del príncipe Guillermo. Con más de 52.000 hectáreas, este conjunto de tierras y propiedades genera ingresos millonarios, principalmente por el alquiler de inmuebles. Al convertirse en príncipe de Gales, Guillermo heredó automáticamente el título y los activos asociados.
Una investigación periodística reveló que muchas de estas propiedades son alquiladas a entidades públicas como escuelas y hospitales. Además, varios inquilinos han denunciado las malas condiciones de las viviendas: humedad, mal aislamiento y riesgo de pobreza energética. Estas quejas han dañado la imagen del Ducado.
Aunque Guillermo ha prometido mayor transparencia y una gestión más ética, aún no se ha hecho público cuánto paga de impuestos. El año pasado, recibió unos 24 millones de libras en beneficios, sobre los que asegura tributar de forma “voluntaria”. Esta falta de claridad ha avivado el debate sobre los privilegios reales y su verdadera rendición de cuentas.