La competencia entre grandes operadores como Orange y Movistar siempre ha sido intensa, pero esta vez la tensión ha subido de nivel. Lo que parecía una victoria clara para MasOrange, el grupo al que pertenece Orange, ha quedado en el aire.
Un contrato millonario relacionado con la ciberseguridad y los sistemas digitales del Gobierno ha sido el centro de la polémica. Y todo apunta a que Movistar no está dispuesta a perderlo sin pelear.
El Gobierno había decidido adjudicar a Orange, junto a sus socios Mnemo y TRC, un contrato clave. Era en materia de interconexión de centros de datos, Internet y seguridad digital. El proyecto forma parte de la iniciativa CORA III, con un presupuesto que roza los 104 millones de euros y una duración prevista de cinco años.
Orange ya se frotaba las manos
Todo parecía encaminado para que Orange tomara el relevo de Telefónica (Movistar) a comienzos de 2026. El plan incluía una fase de transición entre octubre y noviembre de 2025, en la que ambas compañías trabajarían de forma coordinada para asegurar una migración sin problemas. Sin embargo, este calendario ha quedado en suspenso.
Y es que Movistar decidió presentar un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Lo hizo el pasado 21 de agosto, tal como ha informado el diario Expansión. Esta acción legal ha desencadenado una suspensión del proceso de adjudicación, lo que complica seriamente los plazos previstos por el Gobierno.
No es la primera vez que Telefónica se opone a este proceso. Ya en una etapa anterior, la empresa presentó una queja. Alegaba que uno de los integrantes del consorcio de MasOrange, Mnemo, no cumplía con ciertas obligaciones legales.
Esa primera protesta ya había causado retrasos, pero ahora la nueva impugnación pone en duda toda la planificación.
Movistar se resiste a perder el contrato
El contrato anterior, conocido como CORA II, fue gestionado por Telefónica e Indra. Todo indica que la operadora busca retener su posición. En esta nueva fase, la disputa gira en torno a cómo se evaluaron las propuestas técnicas, especialmente los planes de implementación de las candidatas.
Movistar sostiene que la puntuación otorgada a su proyecto no fue justa, lo que ha motivado su recurso. Mientras tanto, los responsables del Ministerio deben decidir si prorrogan temporalmente el contrato actual con Telefónica e Indra. O si se sigue adelante con el plan de transición hacia MasOrange, aunque sea con retraso.
Este revés para Orange llega en un momento delicado. Justo cuando pretendía afianzar su posición dentro del entorno de servicios críticos para la Administración Pública. El contrato en disputa no solo tiene un gran valor económico, sino también un fuerte componente estratégico-